La ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, aseguró ayer
que no se plantea financiar la denominada 'píldora del día después'
porque no lo considera «prioritario dado el gasto farmacéutico que
tiene el Sistema Nacional de Salud». La responsable de la cartera
de Sanidad, que hizo estas declaraciones durante la inauguración
del XII Congreso Nacional de Hospitales, se refirió así a la
decisión de la Junta de Andalucía de dispensar este comprimido en
los hospitales.
Villalobos aseguró que después de la autorización de este
fármaco por parte del Ministerio de Sanidad y de la Agencia
Española del Medicamento, «las comunidades autónomas harán lo que
consideran oportuno, en función de sus responsabilidades y
competencias». No obstante recalcó que «estas decisiones no las
financia el sistema nacional de salud». Sin embargo, cuestionó que
la Junta de Andalucía llegue a aplicar esta decisión. «Dudo que lo
haga realmente porque hay determinadas prestaciones que anuncia
públicamente que lo va a hacer y después...», señaló. En este
sentido, aseguró que «yo soy andaluza y lo conozco, y en la
práctica las cosas no funcionan tan bien».
Por su parte, el conseller de Sanidad, Eduard Rius, aseguró que
en Catalunya «en ningún momento nos planteamos financiar la
píldora» puesto que «hay otras prioridades». En este sentido,
recordó que «hay otros métodos anticonceptivos más alcance de la
población, como el preservativo». Según Rius, «éste se debería de
utilizar antes que la píldora» y aseguró que en todo caso «debemos
potenciar que a los preservativos se les apliquen precios ajustados
para la gente joven».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de
Sanidad del Congreso, Matilde Valentín, afirmó por contra, que la
'píldora del día después' debe ser financiada por la Seguridad
Social, teniendo en cuante que para acceder a la misma es
obligatoria la prescripción médica. La Unión de Consumidores de
España (UCE) también reclama a las administraciones sanitarias la
inclusión de la píldora post-coital entre los productos de
prestación sanitaria pública para que todas las mujeres puedan
acceder a este medicamento «en condiciones de igualdad».
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