La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó ayer que es
«muy complicado» modificar el convenio educativo entre Iglesia y
Estado, en la misma jornada en que ha trascendido que el Obispado
de Málaga ha prescindido de una profesora de religión porque «no
iba a misa y tomaba copas». Del Castillo manifestó que el convenio
educativo «tiene una trascendencia y un calado que nunca se debería
contemplar en una situación de conflicto y de una manera
precipitada», sino que «requiere una reflexión muy profunda porque
estamos hablando de revisar los acuerdos con la Santa Sede, un
tratado internacional, y creo que, ahora mismo, está fuera de las
perspectivas y las fórmulas razonables para resolver este asunto».
Mientras tanto, el Obispado de Málaga ha prescindido de la
profesora de religión de un colegio del municipio de Monda, que
llevaba doce años dando clases, a la que acusa, según la afectada,
de «no dar ejemplo» y le recrimina que no va a misa y toma copas
con sus compañeros. La profesora afectada, Francisca Urbano
Domínguez, de 40 años, es edil de IU desde 1999 en la localidad de
Monda y el responsable de la Delegación Diocesana de Enseñanza,
Victoriano Planas, confirmó que el obispo, Antonio Dorado, no
propuso a la profesora para este curso y que «para ello no tiene
que dar motivos», ya que lo ampara la ley.
Por su parte, la Conferencia Episcopal rechazó ayer que la no
renovación de los contratos de dos profesoras de religión en
Almería y Málaga sea una «injusticia», y aseguró que se ha actuado
«conforme a Derecho» ya que la potestad para nombrarlos corresponde
por ley a los obispados. En estos términos se pronunció el
arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, como presidente de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, quien leyó ante los
periodistas una declaración institucional en la que reiteró que «no
se ha cometido ninguna injusticia, ni se ha violado ningún derecho»
y negó que se tratara de un despido.
El acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Español sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales fue firmado en la Ciudad del
Vaticano, el 3 de enero de 1979, por el cardenal Giovanni Villot,
secretario de Estado, y Marcelino Oreja Aguirre, ministro de
Asuntos Exteriores. El acuerdo, que desarrolla el convenio entre
España y la Santa Sede firmado en 1976, y que puso fin al antiguo
Concordato y recoge, en su artículo tercero, que «la enseñanza
religiosa será impartida por las personas que, para cada año
escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas
que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta
enseñanza».
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