La nueva ley de Extranjería española entró en vigor ayer con la
obligación para las empresas transportistas de informar sobre sus
pasajeros y dando al visado la validez de un permiso de trabajo y
residencia, al tiempo que introduce un visado de tres meses para
búsqueda de empleo.
Se trata de la tercera reforma de la Ley de Extranjería entrada
en vigor en 2000, que pretende, según el gobierno de José María
Aznar, simplificar los trámites administrativos para la inmigración
legal, ordenar los flujos migratorios y reforzar las medidas para
combatir la inmigración irregular.
La reforma aplicada al texto legal obliga a las compañías de
transporte, en particular, a las de transporte aéreo a informar a
las autoridades españolas de las personas que viajen a España antes
de su partida de su país de origen, con el fin de permitir al
gobierno verificar su regreso, una vez cumplido el plazo legal del
visado de turista, y evitar que conviertan en inmigrantes
irregulares. Les compañías que se nieguen a colaborar podrían ser
sancionadas con multas de hasta 60.000 euros.
La ley también convierte al visado en permiso de trabajo y/o
residencia, aunque según entidades de inmigrantes el obstáculo
radica en que los candidatos a la inmigración legal a España
deberán contar con un contrato de trabajo. La nueva Ley de
Extranjería ha sido duramente criticada por parte de diversas
organizaciones humanitarias.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.