Sada pagará 613.412 euros por la crisis alimentaria del pollo precocinado

El vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno regional, Emiliano García-Page, anunció que pudiendo haber atenuado esta sanción, el Ejecutivo decidió imponer la pena máxima por la relevancia del caso y para que la sociedad española y la castellano-manchega tenga claro que pueden estar tranquilas.

Las tres sanciones impuestas por el Gobierno autonómico a la planta de Lominchar responden al grado máximo de penalización por intoxicación alimentaria, sumando una sanción global de 613.412 euros, y proceden de las tres inspecciones realizadas por la empresa tras el brote de salmonelosis, donde no se detectó irregularidad en el procedimiento de envasado de pollos precocinados.

Por eso, pudiendo haber atenuado esta sanción, el Ejecutivo regional decidió imponer la pena máxima para que la sociedad española y la castellano-manchega «tenga claro que puede estar tranquila», porque «los métodos de control e inspección son serios y rigurosos y cuando alguna empresa comete un error, funciona un mecanismo ejemplar».

El portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, que precisó que desde el primer momento el Gobierno regional contó con la colaboración y la información de la empresa, implicada en las intoxicaciones, también señaló que estas sanciones, que son aisladas, ponen de manifiesto que con «carácter general funcionan muy bien los sistemas de control».