La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) tiene preparado un plan de emergencia contra el contenido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), en el caso de que sus recursos fueran desestimados por los tribunales superiores de Justicia de la comunidades autónomas. Según han hecho público en un comunicado, la Concapa estaría dispuesta a llegar hasta el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Por el momento el TSJ de Andalucía ha admitido a trámite los recursos presentados por padres de alumnos contra la materia, basados en que la nueva materia vulnera los derechos fundamentales.
La Concapa, al igual que otras asociaciones, ha planteado la creación de una red gratuita de abogados y procuradores para que atiendan sin coste alguno las actuaciones judiciales que precisen interponer las familias o alumnos que han objetado contra la asignatura de EpC, al objeto que no suponga ningún sacrificio económico. De esa forma, la Confederación asegura estar dispuesta a llevar la defensa de los objetores hasta el Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
Según la entidad de padres, este Tribunal ya reconoció en tres sentencias recaídas frente a reclamaciones similares en los países de Dinamarca, Grecia y Noruega, la prohibición al estado de adoctrinar sin respetar las convicciones religiosas y filosóficas de las familias, indicando que el Estado, además de su obligación primaria de no injerencia, debe respetar las creencias de los padres.
En su comunicado, la Concapa reitera también el llamamiento a las familias para que se opongan a la EpC por cualquier medio legítimo, especialmente la objeción de conciencia. Igualmente, piden a los presidentes autonómicos del PP que resuelvan las objeciones de conciencia reconociendo su legalidad, para que los alumnos de estas autonomías tengan la certeza de que no van a sufrir ninguna amenaza, imposición o restricción de sus derechos.
Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió ayer a trámite el recurso presentado por algunos padres contra la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunidad, conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.
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