El uso de móviles y aparatos electrónicos de entretenimiento por los alumnos suele estar prohibido o limitado en colegios e institutos, principalmente en las aulas, aunque las Comunidades Autónomas carecen, en general, de una norma autonómica específica de cumplimiento obligatorio, excepto Madrid.
Es cada centro, en función de su autonomía, el que decide habitualmente dónde, cuándo y cómo los estudiantes pueden emplear la telefonía móvil para evitar distracciones o un uso ilícito, según fuentes de las Consejerías de Educación consultadas por Efe.
Entre las autonomías, la Comunidad Valenciana prepara un decreto, Extremadura ha emitido una serie de orientaciones para los centros y Castilla-La Mancha no tiene previsto fijar una norma general sobre este asunto, que considera problemático y polémico.
Desde este curso se aplica en la Comunidad de Madrid el decreto de normas mínimas obligatorias de convivencia escolar, que cada centro desarrollará y precisará.
El texto habla del «mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros».
Entre otros puntos prevé como falta muy grave «la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones», que se puede penalizar hasta con la expulsión del centro.
La Generalitat valenciana está consensuando con el sector educativo un borrador del decreto de derechos y deberes de padres, profesores y alumnos, que considera conducta contraria a la convivencia escolar el uso de móviles, aparatos de sonido y otros electrónicos «ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje».
No obstante, los centros de la Comunidad Valenciana regulan ya de forma más concreta el uso de móviles, MP3 y elementos electrónicos similares y las sanciones por incumplimiento.
En 2006 la Consejería de Educación de Extremadura recomendó a los directores que propusieran a los consejos escolares la regulación y, en su caso, la prohibición del móvil en el recinto escolar para evitar distracciones en las aulas y acciones contra la dignidad e integridad física y moral del alumnado, como la grabación y difusión de conductas violentas y denigratorias.
Desde la Consejería castellano-manchega, indican que retirar el teléfono a un escolar es una «interferencia en un bien del alumno» y viola sus derechos y deberes como tal. Las fuentes citan casos de padres que han ido al colegio para reclamar el móvil del hijo y quejarse por la actuación del centro. Por ello se deja vía libre a los centros de la región para que establezcan las normas básicas de convivencia.
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