Disfrazar las palabras se revela como el medio más eficaz para ocultar la realidad e intentar someterla a la conveniencia política de cada momento. En la actualidad, es ejemplar la destreza de la izquierda en el manejo de la palabra, convertida en propaganda. Entre la ley turística en ciernes que ha escenificado la renovada alianza entre el sector económico hegemónico de Baleares y sus homólogos políticos (PSOE, Podemos y Més) –lo de la incomodidad de algunos figurantes en la foto de familia en el Parlament no va más allá de la vacua pretensión de salvar la cara ante la propia parroquia– y los planes que periódicamente publicita el Ayuntamiento de Hila, mientras la ciudad se le cae a pedazos, se quiere aparentar que las posibilidades de acceso a la vivienda en unas condiciones razonables dejará de ser uno de los mayores problemas del actual estado de cosas.
El texto turístico abre la puerta a la participación en el negocio inmobiliario de las empresas hoteleras propietarias de establecimientos ya inservibles para la actividad original, que podrán ser transformados en viviendas, una parte de protección oficial. El Ayuntamiento de Palma espera aprobar durante este mandato el Plan de Ordenación Urbana, sin duda el más trascendente ante el que sólo la arrogancia y el sectarismo del gobierno municipal de Hila permiten explicar las trabas que impone a la oposición para acceder a las alegaciones y la documentación. Al margen de la fuerte carga intervencionista sobre cómo vivir en Palma que rezuma el documento, planea sobre el mismo el objetivo de restringir al máximo el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, aunque al mismo tiempo se afirma querer solventar el mayor obstáculo al que hoy se enfrentan jóvenes y trabajadores, la vivienda.
Según los datos de distintos gabinetes de análisis, Baleares es la región española donde más se ha encarecido el precio de la vivienda, sea en venta o de alquiler; el tope del incremento de los alquileres fijado por el Govern se ha demostrado inservible ante el desbordamiento de la inflación bien porque los propietarios lo han obviado, bien porque han retirado sus viviendas del mercado.
La obra nueva se centra casi con carácter exclusivo en compradores de muy alto poder adquisitivo dada la carencia de terrenos para poder hacerlo a precios asequibles, lo cual, por otra parte, está provocando la fuga de promotores hacia otras comunidades donde el grado de hostilidad a promotores y constructores sea menor.
Las previsiones de aumento poblacional para los próximos años contenidas en el Plan General de Palma no dejan de ser una raya en el mar: la población tenderá a crecer al ritmo que lo haga una economía turística de nuevo boyante. Y ahí es donde interviene el precio de la vivienda como filtro. Ya no es que no quieran venir a trabajar a Baleares funcionarios, médicos o policías por el elevado coste de la vida, tampoco pueden hacerlo camareros, pintores o carpinteros. Cabe preguntarse si en último término no es el fin no manifestado del nacionalismo y sus socios de izquierda que gobiernan: menos turistas y menos trabajadores. El techo poblacional, a la fuerza. De ahí que tanta parafernalia semántica sobre viviendas protegidas suene a simulación.
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