En el año 2004, el Ayuntamiento de Palma cerró las canteras de sa Garrigueta Rassa y de Can Rosselló. Las empresas propietarias recurrieron, exigiendo licencia municipal, pero las sentencias judiciales determinaron que era potestad del Ayuntamiento no concederlas, en base a sus competencias sobre el territorio. Ahora, con la excusa de rehabilitarlas, el Govern balear tramita dos proyectos que suponen su reapertura como vertedero y planta de tratamiento de residuos. El Ayuntamiento vuelve a ser la única institución que ha emitido informes negativos: ha votado en contra y ha presentado un acuerdo unánime de Pleno pidiendo su retirada.
Por su parte, la plataforma vecinal y ciudadana está recogiendo firmas para proponer al Pleno municipal la decisión firme de no conceder la licencia de actividad, en base a sus propios informes técnicos y sus competencias. También ha convocado una manifestación el día 5 de febrero con una propuesta alternativa: convertir las canteras en un parque público para la ciudad.
La inversión de expropiar un terreno rústico degradado y su acondicionamiento básico (limpieza, abonado y siembra) no es elevada, menos aún si se compara con los beneficios de evitar el vertido de 8 millones de toneladas de residuos sobre un acuífero, el tránsito de 35.000 camiones al año, durante 20 años prorrogables, con graves riesgos para la seguridad vial, y el vertido al aire de más de 50 millones de kg de CO2. La ciudad lo merece, la ciudadanía lo reclama y el cambio climático lo exige.
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