Carles ManeraPalma27/03/23 11:18
TW
1

Un recorte del gasto público del orden de 60 mil millones de €, la consideración de inutilidad de las partidas de gasto social y educativo –ayudas a colectivos vulnerables, becas–, la sacralización de la deuda pública cuando gobierna la izquierda, el recorte de impuestos, la adscripción de la inflación a las políticas de inversión y gasto, el mensaje de eficiencia de lo privado sobre lo público, son algunas de las soflamas que forman parte del ideario económico conservador. Se han escuchado hace pocos días, tanto en el Congreso de los Diputados, durante la moción de censura, como en el Parlament de les Illes Balears. En ambos casos, el relato en boca de los voceros de la derecha y de la ultraderecha, es prácticamente el mismo. Si se tuviese que sincopar todo en un pretendido axioma sería este: la bajada de los impuestos. Una vez más, los preceptos ideológicos se encumbraron sobre los datos objetivos, guarismos que provienen de entidades respetables, cuya lectura y análisis permiten concluir dos cosas: que la economía española resiste muy bien; y que la economía balear se consolida en un escenario expansivo. En las dos situaciones, además, la política económica desplegada por los dos ejecutivos se ha encauzado hacia tres vectores esenciales: la protección del empleo, las ayudas a las empresas y las diversas asignaciones al mercado laboral y a los grupos más vulnerables. Las cifras están ahí, son de consulta accesible y pública, y admiten poca réplica; a no ser que ésta tenga una intensa toxicidad ideológica que, ahora mismo y a tenor de los resultados macro y microeconómicos, se imbuye más de principios teológicos que científicos.

Las medidas económicas que, en ocasiones, lanza la derecha política –y decimos en ocasiones porque no conocemos hasta la fecha programa alguno– se aplicaron con vehemencia durante la Gran Recesión, en España y en Balears, con resultados sociales y económicos muy negativos. Todavía recordamos declaraciones de dirigentes conservadores que auguraban fuertes recuperaciones en plazos inmediatos, tras la drástica pócima de los recortes draconianos en ámbitos tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero si se volviera a desarrollar lo que se escuchó hace pocos días en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, asistiríamos a la antesala de una recesión profunda, parecida a la que ya vivimos entre 2008 y 2016.

Persistir en ese catecismo denota una clamorosa falta de ideas, el tirar de un manual de la más cerril ortodoxia económica, e ignora, sobre todo, las consecuencias sociales de tales medidas. La Gran Recesión se superó tras 29 trimestres; la crisis de la COVID, en 7 trimestres. La causa de tal diferencia: las diferentes políticas económicas implementadas. Esto es lo que señaló en su momento el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe, un político conservador.

Es muy importante que quienes se presentan a las próximas elecciones nos ilustren sobre las medidas que van a adoptar ante la precariedad, la desigualdad, la sanidad, la educación, la investigación, la inversión. Y, en tal contexto, cuál va a ser el papel de la economía pública.