El robo del butano

España y la picaresca son consustanciales desde hace más de seis siglos. Dicen que está en nuestro ADN y surge a la mínima oportunidad, lo que parece ser cierto a tenor de lo que está ocurriendo con algunos repartidores de butano en Palma, ante el silencio cómplice de la distribuidora, que hace inútiles los esfuerzos del Gobierno por reducir su coste. De nada sirve que el 18 de julio el precio se redujera en un 5 % y la bombona pasase a costar 15,18 euros, porque una buena parte de los consumidores sigue pagando 16 y hasta 20 euros. ¿La excusa para este robo institucionalizado en numerosos barrios? Ninguna. Simplemente se cobra esa cantidad y hasta la próxima visita, negándose, eso sí, a entregar cualquier factura. Claro que hay algunos, los menos, que intentan justificarlo y le dicen al usuario, de avanzada edad en su mayoría, que es por llevársela al domicilio, o lo que es lo mismo, que se aseguran la propina por adelantado. Mientras, las denuncias caen en saco roto, el fraude campa a sus anchas y los responsables miran para otro lado.