El pasado jueves, en el pleno ordinario del Consell de Mallorca, la oposición presentó una moción sobre la reposición de las señales que sitúan las carreteras de la Isla que fueron construidas con mano de obra forzada republicana, durante la Guerra Civil y en los años posteriores, y el portavoz adjunto de la ultraderecha que apuntala el gobierno del PP de Llorenç Galmés aprovechó para realizar una intervención bochornosa e indignante, que culminó con la calificación de «la última cruzada de liberación» a la represión franquista que solo en Mallorca asesinó a sangre fría a más de 2.000 personas.
Fue el comentario de un representante público que hace apología del golpe militar de 1936, de las atrocidades cometidas mientras duró la guerra y en los años posteriores de la dictadura franquista, y es por tanto sancionable como falta grave atendiendo a las leyes de nuestra comunidad autónoma y del estado. Pero esa repugnante alusión no debería disimular el contenido de la intervención completa, que despliega de manera cristalina la visión de la ultraderecha y de buena parte de la derecha de este país sobre las políticas de memoria: la concordia impuesta por el derecho de conquista.
El derecho de conquista fue un principio del derecho internacional que desapareció después de los juicios de Nuremberg a las atrocidades nazis, y de la creación de la ONU. Se basaba en la idea de que los conquistadores tenían derecho a expandir su dominio mediante la guerra y la ocupación por medio de la fuerza militar, y se les otorgaba la autoridad y el control sobre el territorio conquistado.
Los segmentos ultraconservadores de nuestra sociedad, y sus representantes políticos, se llenan la boca constantemente de concordias y reconciliaciones, en un ejercicio de cinismo que raya la náusea, y que presupone que lo pasado, pasado está. Que el franquismo conquistó y mató, y es obligatorio que las víctimas de las atrocidades asuman que, como elementos conquistados, deben callarse y tragar con la impunidad de la que gozan los asesinos y los represores que torturaron y mataron a placer a sus seres queridos. Que se reconcilien con los herederos del régimen franquista, esos que siguen hablando entre sonrisas de las victorias en la guerra. Que se coman la concordia impuesta o serán calificados de perturbadores de la paz.
Desgraciadamente para ellos, el derecho de conquista no es vigente en nuestro ordenamiento legal, y sí lo es la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. Siguiendo esos principios, para que esa concordia exista, antes hay que hacer justicia. Justicia con las víctimas no reparadas, que son las que están en la cuneta todavía, o las 334 que hemos desenterrado de las fosas en Mallorca, todas ellas republicanas. Justicia con las que pasaron años trabajando como esclavos picando piedra a mayor gloria de Franco. Justicia para las mujeres que vivieron décadas de desprecio y humillación, estigmatizadas y obligadas a sobrevivir con sus familias lamiendo las botas de sus verdugos. Justicia para los exiliados que tuvieron que huir del fascismo para no acabar como los cientos de miles que fueron asesinados en una represión planificada que fue la antesala del Holocausto nazi.
Cuando haya justicia para todas las víctimas, entonces y no antes, se podrá hablar de reconciliación en Mallorca.
3 comentarios
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Un artículo impecable. Espero con fervor la segunda parte: Stalin y los gulags. Estonia, Letonia, Polonia y Ucrania: como ser soviéticos en dos días, manual práctico.
Llegint el titular em pensava que es referia al "dret de conquesta" de Felip V que va arrasar amb l'autogovern del Regne de Mallorca i amb la nostra depauperada llengua. Però després he vist que no tots els drets de conquesta són iguals (o que n'hi ha uns de més iguals qu els altres)
Gran artículo. Toda la razón.