Era de esperar. Los mallorquines se han hartado y han salido a la calle a millares para protestar contra la masificación turística. No había terminado la concentración y ya se escuchaban voces de solidaridad con los manifestantes procedentes de las cúpulas políticas, desde el PP hasta el conjunto de la izquierda. A la par, se ha hundido en s'Arenal un local relleno de turistas y sin licencia de actividades provocando muertos y desazón. De nuevo, los dirigentes políticos se han rasgado las vestiduras. ¿Pero harán algo más que ejercer de llorones interesados?
El fenómeno de la masificación asfixiante seguirá imparable este 2024. Los jóvenes residentes continuarán expulsados del mercado inmobiliario y Mallorca se convertirá de nuevo en un zoco irrespirable, pero eso sí, generador de muchísimo dinero, al menos a corto y medio plazo.
¿Y quién tiene poder para paliar este desastre? Obviamente, los dirigentes políticos. ¿A quién corresponde el control de Son Sant Joan y de los puertos? A ellos. ¿Quién tiene capacidad para establecer ‘numerus clausus' en el aeropuerto y los muelles, estableciendo una llegada más reducida, ordenada y equilibrada de visitantes, articulando cupos precisos, sean de paquete vacacional o de alquiler turístico? La clase política es quien tiene la sartén por el mango por mucha cogestión privada que haya. ¿Por qué no imponen este ‘numerus clausus' armonioso, simétrico y respetuoso del hecho insular, preservado en la Constitución?
La respuesta es solo una: el dinero es el que manda. ¿De dónde creen que sale la pasta para pagar, por ejemplo, las campañas electorales? ¿De las cuotas de los afiliados, tal vez?
Un Son Sant Joan convertido en el moño de la Bernarda mantiene el tinglado. En otras zonas de Europa varían las fórmulas de financiación, dependiendo de cada estructura económica. En la nuestra se trata de meter turistas hasta en la sopa.
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Prohibir, regular, dirigir….. Anau a porgar fum