La Fiscalía de Palma reclamó ayer una condena de dos meses de
arresto para un arquitecto superior, un aparejador y un encargado
de una finca en construcción en Andratx, a los que acusó de una
falta de imprudencia temeraria por la muerte de un obrero. La
familia de la víctima amplió la acusación contra los promotores y
subcontratistas de la obra, lo que motivó que en el banquillo se
sentaran ocho personas.
El abogado que les representa solicita para cada uno de ellos
pena de prisión. El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal
número 5 de Palma, que ayer quedó visto para sentencia. Se trata
del primer juicio celebrado tras la muerte de dos obreros en el
derrumbe del hotel Tívoli, suceso que encendió una gran debate
social sobre las medidas de seguridad que debían exigirse en la
construcción.
Ayer se juzgó la muerte de Oscar Martín Serrano, un obrero de 26
años de edad que falleció al precipitarse desde el segundo piso de
una finca que se construía en la calle Fàbrica, en Andratx. Este
suceso ocurrió el día 7 de octubre de 1996. La víctima transportaba
hormigón con una carretilla para otro compañero. La carretilla se
atascó en la segunda planta. Según mantiene la acusación, el obrero
tropezó con la parte baja del marco de la puerta de la terraza.
Perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde el segundo piso.
La caída le ocasionó un traumatismo craneal. Ingresó en el
hospital, pero falleció por estas lesiones.
El fiscal Ricardo Olivares basa su acusación en que la obra
carecía de las mínimas medidas de seguridad. En la finca se habían
colocado unos protectores que se unían mediante un cerramiento de
plástico que el fiscal cree que eran del todo ineficaces. Sin
embargo, según se comprobó en la inspección posterior al accidente,
no se había colocado ninguna red de protección. Tampoco la víctima
llevaba colocado el reglamentario casco de protección cuando
ocurrió el accidente.
Además de la simbólica pena de arresto, el fiscal pide que los
acusados, solidariamente, indemnicen a los padres de la víctima con
25 millones de pesetas. Si se acepta la propuesta, el dinero lo
deberán pagar las aseguradoras. Los abogados defensores han
intentado demostrar en el juicio que sí existían las medidas de
seguridad, pero que la víctima las incumplió.
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