Ayer se inició en la Audiencia de Palma el juicio con un jurado
popular contra una funcionaria de la recaudación ejecutiva de la
Seguridad Social que está acusada de un delito de malversación de
caudales, por el que el fiscal Jaume Guasp le reclama seis años de
prisión. La acusada, María del Carmen L.R., defendida por el
abogado Ramón Riutort, mantiene que es inocente y niega que se
hubiera quedado los 2.845 euros que le reclama la Seguridad Social.
La mujer prestaba sus servicios en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva y gestionaba el cobro de cuotas en vía de apremio. El
fiscal y la abogada que representa a la Seguridad Social como
acusación particular sostienen que la funcionaria, hasta en ocho
ocasiones distintas, desvió dinero público y se lo quedó ella. El
fiscal fue interrogando a la mujer sobre una serie de
irregularidades, que se traducen en que el dinero que aparece
ingresado en el ordenador de la Seguridad Social no es el mismo que
se exigía en el expediente de cobro. La acusación sostiene que
estas posibles irregularidades se producían cuando ella sustituía
al responsable de la caja. La mujer niega las irregularidades, se
calificó de «funcionaria ejemplar», aunque reconoció que sufría una
presión de su superior, lo que pudo inducir a algún error.
La tesis de la defensa se basa en que la funcionaria tenía
acceso a cantidades muy elevadas y que el dinero que se le reclama
es una cifra ínfima. Además, sostiene que había muchas personas de
la oficina que tenían acceso a la caja y que la organización
interna no era la más adecuada.
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