Toda la documentación intervenida en la gran operación policial de ayer fue trasladada hasta la Comandancia de Palma para su minucioso análisis.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 7, que se encontraba en funciones de guardia, autorizó ayer registros simultáneos en empresas y domicilios de la isla, que llevó a cabo la Guardia Civil desde primera hora de la mañana.

Los agentes del EDOA (Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga) se movilizaron en distintos puntos y comenzaron las operaciones en varios rent a car y otros negocios, supuestamente 'tapaderas' para el blanqueo de dinero. El fraude, que puede ascender a 40 millones de euros, está relacionado también con el impago del Iva en muchas facturas. Al cierra de esta edición habían sido arrestados dos empresarios isleños, cuyas identidades no han trascendido, pero estaba previsto que se llevaran a cabo nuevas actuaciones y, por tanto, se esperaban más detenciones. Las fuentes judiciales consultadas indicaron que los investigadores llevaban un tiempo tras este caso y añadieron que están intentado probar que parte del dinero blanqueado procedía del narcotráfico.

En los registros simultáneos se precintó una cantidad muy importante de documentación y contabilidad, en formato informático y también en soporte clásico, es decir, en forma de carpetas, portafolios y material de oficina. Ahora toda esa contabilidad deberá ser analizada por los expertos de la Comandancia de Palma, a fin de detectar anomalías u operaciones fraudulentas. El estudio de todo ese material, que puede ser clave en el devenir de las investigaciones, puede durar varias semanas. El Juzgado de Instrucción número 7 fue informado puntualmente del resultado de las pesquisas y hoy por la mañana estaba previsto que los funcionarios del EDOA continuaran con sus movimientos. Desde la Benemérita el hermetismo sobre el caso fue ayer absoluto, puesto que la operación estaba en marcha y los datos no eran definitivos.

Los dos detenidos serán puestos a disposición judicial casi con toda seguridad mañana, aunque no se descarta que se apure el plazo máximo de 72 horas contemplado por la ley. Para cargar todo el material los agentes utilizaron dos furgonetas, lo que da una idea del volumen de la documentación intervenida.