Toni Jaume, dueño de la piscina, en la entrada e las instalaciones. | Alejandro Sepúlveda

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Siguen aumentando el número de denuncias contra el dueño de la piscina pública de sa Font Seca de Bunyola por racismo. Extrabajadores -personal de mantenimiento y varios socorristas-, han confirmado a Ultima Hora que recibían instrucciones directas de no permitir la entrada a gitanos. Uno de los exporteros del recinto afirmó: «Llevamos años avisando a Toni de que lo que estaba haciendo era ilegal, pero no hacía caso».

Andrés Bellón, exresponsable de mantenimiento del recinto, explica: «He presentado una denuncia contra este señor porque me tenía asegurado en negro. Cuando me enteré que estaba sin contrato y le protesté, me echó a la calle. Allí la gran mayoría de personas trabajan en negro y de todos es sabido que es un racista y que no quiere a los gitanos en su local. Es más, muchos socorristas han tenido que ir a defenderlo de los follones que se montan en la puerta por este motivo», concluye el extrabajador.

En las últimas horas, el número de denuncias de afectados por un presunto delito de odio sigue aumentando y será la Guardia Civil de Marratxí quien se hagan cargo de la investigación y de cursar las diligencias judiciales.

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El Ajuntament de Bunyola emitió este miércoles un comunicado en el que condena cualquier tipo de discriminación y apuesta por un trato favorable entre las personas. De hecho, el Consistorio bunyolí quiere aclarar que la piscina en cuestión no es de gestión pública. «La denuncia presentada ante la Policía Local ya está tramitada y tras haberse identificado a las partes implicadas y reunida toda la información necesaria se traspasarán las diligencias a la Guardia Civil», concluye.

Por su parte, Antoni Jaume, propietario de sa Font Seca, señala que todo lo publicado no es cierto y que se trata de un grupo de personas conflictivas. También sostiene que su local es privado y que sólo permite la entrada a clientes de toda la vida.

Finalmente, Sonia Vivas, responsable de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local de Palma aclara: «El derecho de admisión no implica que un local pueda impedir la entrada a nadie de manera indiscriminada o aleatoria».