El fiscal Miguel Angel Subirán

El fiscal Miguel Ángel Subirán bajando la rampa de los juzgados de Vía Alemania. | Alejandro Sepúlveda

Víctor MalagónPalma28/12/19 4:01
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Los inspectores de la Policía Nacional que han destripado las mentiras de la madame del ‘caso Cursach’ han recurrido a más de ochenta testigos, a informes de la policía científica y a decenas de diligencias. La investigación aporta indicios reiterados de que, cuando saltaba una costura en torno a la declaración de la testigo protegido 31, por parte del juez instructor, Manuel Penalva, el fiscal, Miguel Ángel Subirán y los policías de Blanqueo, se intentaba cuadrar, aunque fuera ‘a martillazos’. Así, la madame declaró en una decena de ocasiones. El informe policial recoge al menos tres testimonios que afirman haber sido coaccionados para cuadrar esas inconsistencias.

Así, cuando arrancaron las dudas sobre si el piso donde la 31 decía que tenía su burdel estaba o no abierto entre 2014 y 2016, lo que ahora se demuestra como falso, aparecieron dos testigos más. En ambos casos eran antiguas prostitutas que habían ejercido en un burdel, Palmachic, que se atribuía a la madame. Ambas mujeres declaran ahora que ella nunca fue responsable del local, que siempre fue de una mujer que falleció en 2012 y que la 31 decía que había sido su socia.

Fiestas

Sin embargo, señalan que, cuando fueron citadas por el juzgado, fueron presionadas por el fiscal Miguel Ángel Subirán para que incluyeran en sus declaraciones que iban a hacer servicios en Tito’s, algo que ambas niegan, o que conocían a José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Estas dos personas comparecieron en la causa por la intervención de otro de los testigos protegidos, el 29, que fue quien las localizó.

La madame había sido presionada durante meses para que identificara a alguna de las meretrices que trabajaban para ella. Nunca lo hizo. En los informes se señala que «daba largas» a los investigadores. Con otro testigo quien contactó fue un empresario que afirmaba estar en «guerra» con Bartolomé Cursach, y que le ofreció 60.000 euros a cambio de unas supuestas fotografías comprometedoras para el magnate, que nunca aparecieron.

Este empresario estaba al frente de su negocio cuando le llamó la policía para que fuera al juzgado. O iba inmediatamente o enviarían una patrulla a detenerle. Cuenta ahora que Miguel Ángel Subirán comenzó a gritarle y que hacía afirmaciones que se recogían en el acta y que él no reconoce ahora como suyas. «Ante esta situación se asustó y vio claramente que no se iba de esa comparecencia hasta que no firmase la declaración que ellos querían», señala. No es el primer testigo que alude a ese tipo de manipulaciones en las actas que, en algunos casos, luego se corregían cuando esas mismas personas declaraban en presencia de los abogados defensores. Los informes también muestran la extrañeza porque fueran testigos quienes lideraban la búsqueda de otros testimonios.

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La madame dijo que había sido agredida por unos sicarios en la puerta de su casa. Sin embargo, la investigación ha localizado que las fotos que envió al juez y al fiscal inmediatas al suceso, en realidad se las tomó en casa de una amiga y que no corresponden, ni en hora ni en lugar, con su versión.

Además, corresponderían con un accidente doméstico: a la testigo protegida se le cayó un mueble.

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La Audiencia Provincial ha acordado la recusación de la magistrada de Instrucción 2 de Palma, María Pérez Ruiz, por amistad con el juez Manuel Penalva, en una pieza en la que éste figura como acusación particular.

La recusación, promovida por el abogado defensor, Josep Perelló, se basa en un escrito de la propia magistrada que reconocía que había pasado de tener un trato profesional con Penalva a una amistad que calificaba como «no íntima». La Audiencia señala que carece de apariencia de imparcialidad.