La Fiscalía, en sus conclusiones, pidió en diciembre penas que suman 130 años de prisión para el acusado como responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y un delito contra la salud pública. Las acusaciones particulares han elevado en sus escritos la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y han reclamado para el procesado prisión permanente revisable. Por el contrario, la abogada que defiende a Jorge Ignacio Palma expone que su defendido es «consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas», por lo que considera que concurre en su representado la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía y pide su libre absolución. El acusado será procesado por las muertes de estas tres mujeres y por otros nueve intentos de homicidio sobre mujeres con métodos idénticos, además de narcotráfico.
Según han detallado las mismas fuentes, el juicio se ha previsto de tal forma que se vea cada uno de los casos de forma detallada, con las declaraciones centradas en cada caso; así, el tribunal se puede hacer una idea de los hechos sobre cada una de las víctimas. El miércoles 6 de julio se ha reservado para la declaración del acusado y para las conclusiones, mientras el jueves 7 y el viernes 8 de ese mes se celebrarán sesiones para la exposición de los informes finales de las partes y, en su caso, el turno de última palabra del acusado. El 11 de julio está prevista la propuesta de objeto de veredicto y la audiencia a las partes para la elaboración definitiva del mismo, de modo que previsiblemente se entregue al jurado el objeto del veredicto el día 12, para que disponga de tres días para deliberar (13, 14 y 15).
Los restos mortales de Marta Calvo aún no se han hallados, pese a las múltiples búsquedas que ha llevado a cabo la Guardia Civil por las zonas del interior de Valencia en las que supuestamente los arrojó el sospechoso tras descuartizar el cadáver, según la confesión que hizo al entregarse. La madre de Marta Calvo ha promovido públicamente, junto a familiares de otras jóvenes asesinadas como Marta del Castillo y Diana Quer, la revisión del Código Penal para endurecer las penas a los asesinos que oculten el cadáver, algo a lo que se han comprometido varios grupos parlamentarios para comenzar a tramitarlo en el Congreso de los Diputados.
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