Noticias Relacionadas: Juicio Penalva-Subirán | Herranz ante los ataques: «Este fiscal va a seguir»

La Fiscalía Anticorrupción defiende la validez de las pruebas claves en el juicio al exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El fiscal, Tomás Herranz, sostuvo que el hallazgo de los chats que mantenían los acusados es válido por motivo doble: dos de los policías encausados entregaron los terminales de forma voluntaria y la detención de ambos no tiene nada que ver con los listados de llamadas de dos periodistas, prueba declarada nula por el TSJIB. Además, Herranz se defendió de los ataques de la defensa del exjuez y el exfiscal. Aludió a «los intentos de querella» contra él impulsados por ambos y a la petición de que la Sala le expulse del juicio: «Si la finalidad es causar cualquier tipo de temor, debo informarles de que no va a ser el caso. Voy a seguir, va a seguir este fiscal».

«¿Qué pretende la defensa que haga la Sala? Que me diga que me levante y me vaya. Saben que no es el camino. Lo saben porque defienden a un fiscal y a un juez. Saben cuál es el camino porque ya lo han recorrido: han pedido a mi jefe que me separe y no lo ha hecho. Sigo aquí », advirtió Herranz.

Sobre las peticiones de nulidad de todas las actuaciones, lo primero que planteó el fiscal es que, en cualquier caso, la Sala debe postergar su decisión a la sentencia. Es decir, celebrar el juicio completo y después decidir . «No es necesario ni conveniente resolverlas antes porque la vinculación de una prueba con otra nula no puede hacerse sin las testificales de la policía y porque pueden darse supuestos de desconexión incluso durante el plenario».

Mantiene que existen multitud de pruebas que no tienen que ver con los listados de llamadas y que ya apuntaban a los primeros policías detenidos del Grupo de Blanqueo. «Hay datos que conducen inevitablemente a Iván Bandera» , dijo. Aludió a una serie de testificales que se tomaron en agosto de 2018 antes de los autos relacionados con los listados de llamadas de dos periodistas. Entre ellos la declaración del subinspector de Blanqueo quien informó de una conversación en la que el inspector José Luis García Reguera decía a Bandera que debía avisar a un periodista. Otra clave es una fotografía de un carrito con el expediente del informe policial que detonó la investigación, que fue publicada por un diario y que salió del Grupo de Blanqueo. El único agente que negó saber algo de esa imagen fue Bandera. También, cuando fue interrogado como testigo, meses antes de su detención, enseñó de forma voluntaria su móvil y se puso de manifiesto que había borrado al menos un mes de mensajes.

Tras dar el paso al arresto de Bandera, el fiscal analiza éste y la entrega del móvil. Niega la tesis que sostuvieron las defensas de que el agente estaba intimidado. «Lo entrega voluntariamente. Hay que tener en cuenta su condición de policía. Lo entrega tras la lectura de derechos, que incluye el objeto de la investigación. Sabía que se iba a mirar su teléfono pero lo hizo tranquilo porque había borrado los mensajes» . Sin embargo se recuperaron. Herranz insiste en que, incluso en su primera declaración judicial, Bandera admitió que la entrega fue voluntaria y que dio autorización para uqe se buscara una posible revelación de secretos. «Si un narcotraficante con su abogado permite que se acceda a su domicilio y la policía encuentra droga escondida en una pared ¿No valdría entonces?», puso como ejemplo.

Por si el acceso a los chats a través de Iván no fuera suficiente, el Ministerio Público pone encima de la mesa otra fuente a estos mensajes: el móvil de la inspectora Blanca Ruiz , también acusada. Esta fue detenida en Madrid en abril de 2019, cinco meses después que Bandera y cuando ya habían salido a la luz los whatsApp. Herranz: «En el acta consta que entrega voluntariamente el teléfono después de ser puesta en libertad, consiente expresamente el estudio del mismo y aporta el código de desbloqueo».

Tras el fiscal, las acusaciones particulares ahondaron en la misma dirección. Fue recurrente el reproche a las defensas por aludir a «21 minutos de terror» en la detención de Iván Bandera. «Las coacciones que sufrió el señor Antoni Roig por estar detenido 72 horas detenido sí se pueden calificar de terroríficas y no tienen que ver con listados de llamada», sostuvo el abogado Salvador Perera, que representa al empresario Antoni Roig, en prisión por el ‘caso ORA'. «Venimos de donde venimos. Es un ejercicio de cinismo y un insulto a las víctimas del mal llamado ‘caso Cursach'» , añadió en la misma dirección Gerard Palmer, que representa al mando de la Policía Local, Rafael Estarellas.

El abogado de Álvaro Gijón, Josep Oriol Rusca, fue especialmente duro: «Este letrado quiere manifestar a la Sala su indignación por insinuaciones inaceptables y teorías conspiratorias que hacen las defensas. Solo quiero manifestar que nosotros no somos así, no hacemos esto como algunos quizá sí hicieran. No buscamos teorías de la conspiración para intentar enturbiar este juicio. Nosotros no somos así. No somos de esa calaña ». Las acusaciones particulares, en especial el abogado Enrique Molina, que representa a Bartolomé Cursach , defendieron su legitimación para acusar a Penalva y Subirán por los mismos hechos que Fiscalía, aunque no afecten directamente a sus representados .

El juicio parará a partir de esta sesión al menos hasta el 22 de junio , cuando comenzaría la declaración de los seis acusados. En ese intervalo, la Sala deberá decidir si acepta las cuestiones previas planteadas por las defensas, las rechaza como pide la Fiscalía o si las deriva a la sentencia. En el primer caso, el juicio habría terminado. En los otros dos escenarios seguiría hasta el final.

El fiscal denuncia que Penalva y Subirán le han puesto dos querellas

Las defensas tratan de anular el juicio entre enganchadas con la Fiscalía Anticorrupción

Herranz ante los ataques de Penalva y Subirán: «Este fiscal va a seguir»

El fiscal denuncia que Penalva y Subirán le han puesto dos querellas

Las defensas tratan de anular el juicio entre enganchadas con la Fiscalía Anticorrupción