Imagen de grupo de los alcaldes, regidores y consellers socialistas, este lunes en la sede del PSIB. | PSIB

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El PSIB presentará mociones en todos los ayuntamientos de Mallorca y en el Consell insular para defender «el consenso lingüístico de los últimos 40 años» que, en su opinión «ponen en peligro PP y Vox con su propuesta de ley de la Oficina de Derechos Lingüísticos».

El texto de la moción, que los socialistas presentarán en los plenos municipales a partir de este mes de septiembre y en el pleno del Consell del próximo mes de octubre, incluye en su punto 3 una referencia a la Ley 3/1986 de Normalización Lingüística, que impulsó el Partido Popular de Gabriel Cañellas con el respaldo de todos los grupos políticos y que el PSIB considera «de plena vigencia». También cita el decreto 92/1997 que regula el uso y la enseñanza en lengua catalana propia de Baleares en los centros docentes no universitarios de las islas.

En la moción, los socialistas instan a «rechazar la fractura social que se pretende impulsar empleando la lengua catalana propia de Baleares como un elemento de confrontación partidista»

La secretaria general de la federación Socialista de Mallorca y portavoz del grupo socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha presentado este lunes la iniciativa de rechazo a la proposición de ley de Vox acompañada de una treintena de representantes municipales socialistas de la mayor parte de los municipios de Mallorca. Cladera afirma que «El PP de Prohens ha venid su alma a Vox» y considera la Oficina de Garantía Derechos lingúísticos «un proyecto de ley antidemocrático y contrario al Estatut d'Autonomia que perseguirá a aquellos que no piensan o no hablan como sus autores, y con un régimen sancionador anulador de las libertades dirigidos a los servidores públicos»

Cladera ha criticado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, no se haya pronunciado sobre la creación de la Oficina y ha hecho un llamamiento al PP para que rechaze la iniciativa de Vox

Fuentes del grupo socialista en el Consell de Mallorca señalan que la propuesta de ley de la oficina de garantía de derechos lingüísticos impulsada por Vox «rompe consensos históricos de esta tierra gracias al Partido Popular, partícipe desde el gobierno autonómico de las normativas lingüísticas vigentes».