Según ha informado la defensa del expresidente del equipo blaugrana, aunque la juez instructora haya concluido la investigación del presunto blanqueo de 20 millones de euros, y haya acordado el procesamiento contra él, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí y otras tres personas; ha decidido no dar traslado de este auto --de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado-- a la Fiscalía para que no pueda presentar su escrito de acusación.
El motivo por el que no se ha hecho llegar la resolución al Ministerio Público es porque la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 está esperando a recibir las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y Brasil, en mayo y septiembre de este año, respectivamente. No obstante, la defensa de Rosell y Besolí recuerda que la anterior solicitud remitida a las autoridades helvéticas se hizo en mayo 2016 y que contestaron hace tan sólo un mes.
Así, pendientes de este «limbo procesal», sus abogados, del bufete Pau Molins, han anunciado que pedirán, previsiblemente el próximo lunes, a la juez Lamela que ponga a Rosell y Besolí en libertad, o en su caso, que sean trasladados a una prisión en Cataluña. Precisamente, el expresidente del Barça ya solicitó el cambio de cárcel el pasado mes de febrero, sin éxito.
Ambos investigados llevan en prisión provisional más de un año, desde que fueron detenidos a finales de mayo de 2017 en la denominada 'Operación Rimet' que destapó la organización en la que se habrían blanqueado unos 20 millones de euros.
Asimismo, los letrados han informado que están estudiando si procede interponer un recurso contra la decisión de Lamela de mantener esta medida cautelar mientras espera conocer la información enviada desde Suiza y Brasil. «Puede eternizarse», destacan los abogados.
Por último, también han apuntado que el expresidente de la CBF Ricardo Terra Teixeira -- «persona involucrada en los hechos pero no investigada» en la causa, dicen-- ha interpuesto una querella en Tribunal Supremo contra la juez de la Audiencia Nacional por las «irregularidades en el procedimiento».
La juez Lamela afirma en su auto dado a conocer este viernes que indiciariamente queda acreditado que los seis procesados formaron una red a través de la cual se apropiaron fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike con la selección de fútbol del país sudamericano.
Rosell, Besolí, Pineda, y los otros tres socios --Shahe Ohannessian, Pedro Andrés Ramos y José Colomer-- formaban una estructura estable, conforme a un reparto de roles previamente establecido por Rosell y con la «inestimable intervención» de Besolí, gestor de profesión y que era titular de un importante número de sociedades y cuentas bancarias en Andorra, dice la magistrada.
3 comentarios
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...con el cuñao¡¡¡¡
Esto ha sucedido con la anuencia de la Generalitat.............¿cuantos de estos millones han ido a parar a manos de los independentistas?
¡Valors!